Cambios Constitucionales: Hacia Una Sociedad Ciudadana Sostenible

Propósitos

Al escribir esta nota he tenido en cuenta varios propósitos.

El primero, ofrecer una serie de reflexiones e ideas para alimentar a los eventuales diálogos sobre una nueva constitución.  Como texto, es muy corto en relación a la profundidad de los temas que aborda.

El segundo, identificar aquellos aspectos que considero clave en relación a justificar un cambio total de constitución.  Una nueva constitución, con un nuevo espíritu e hilo conductor.

El tercero, enfocar nuestra atención a la necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo y transformación.  Es decir, la constitución debería ser el relato y andamio que alimenta y protege el nacimiento y desarrollo de este nuevo paradigma que, en forma simplificada, llamo “una nación sustentable con una ciudadanía empoderada”.

El cuarto, abogar por una serie de cambios estructurales necesarios para que este nuevo paradigma de lugar.  Esto conlleva un gran acento en los valores tanto individuales como colectivos que regirán nuevas definiciones de lo que constituye bienestar, progreso, desarrollo, transformación…

El quinto, abogar por un nuevo estilo de constitución.  No como una ley mayor, enfocada en temas eminentemente jurídicos, de distribución del poder y responsabilidades institucionales, sino como una narrativa de quienes somos, para dónde queremos ir, y como trataremos de llegar a ese destino colectivo.

Es por eso que este texto no se va a enfocar en todos los posibles temas constitucionales.  Es un propósito darle prioridad al tema de la nación sustentable y del empoderamiento ciudadano.

¿Cómo sería una nueva constitución que responda fehacientemente a la construcción real y comprometida de una sociedad sustentable, ínter generacional, en todos sus sentidos?

¿Cómo sería una nueva constitución para satisfacer las demandas y desafíos de los más vulnerables en nuestro país, los ancianos, los trabajadores?

¿Cómo sería una nueva constitución que abrace todas las necesidades y desafíos que confrontan los niños, jóvenes y las generaciones futuras?

¿Se debe fundamentar la constitución sólo en principios ideológico políticos o en un entendimiento serio de la realidad que confrontan los diferentes actores en nuestra sociedad?

¿Cómo se debe transformar el contenido de la educación, ciencia, tecnología y emprendimiento para una nueva constitución?

La constitución debe tener “espíritu”, de lo contrario no vale la pena cambiarla.  Todo tiene que abrazar una “razón de ser”, que ciertamente va más allá de lo meramente legal, político, institucional, material, económico….  Si nosotros individualmente tenemos un ser (alma), como un colectivo (nación) también tenemos un ser.  Una constitución representa la creación de un espacio donde todos debemos alimentar ese ser individual y colectivo.

Esta nota es una corta reflexión sobre los cambios constitucionales que son necesarios para construir una sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada.  La llamo una “reflexión” porque no se abordará materias consideradas como netamente jurídicas que, fundamentalmente, deberían estar condicionadas y estructuradas por la visión de país y sociedad que queremos.  Es la visión de país y sus desafíos los que definen, nutren y delimitan las bases de jurisprudencia necesarias de una constitución. El camino apropiado para un cambio en la constitución debe estar lleno de oportunidades colectivas e institucionales, desde donde nazcan nuevos espacios humano-sociales que logren una carta fundamental que refleje los verdaderos objetivos y anhelos de las chilenas y chilenos.

En esencia, la propuesta que se presenta aquí es de una nueva constitución, que contenga una visión consensuada y ciudadana de la sostenibilidad de nuestro desarrollo, en todas sus dimensiones.  Una constitución que también establezca los instrumentos que fortalecerán el empoderamiento individual y colectivo, externo e interno, material y espiritual de la ciudadanía.  Para ello, se hacen algunas propuestas relacionadas con cambios y transformaciones que se necesitan para alcanzar esta visión.  Esta propuesta no nace del vacío.  Un gran referente lo ha dado ya el proceso constituyente recién pasado.  Su resultado estadístico —en relación, tanto a los valores, los derechos, las responsabilidades, y las instituciones— muestra la prioridad que los participantes dieron a los temas relacionados con el medioambiente, la naturaleza, la ecología, la institucionalidad ambiental, etc.  Estos resultados deben ser seriamente considerados en la redacción de una nueva constitución.

Otro elemento importante en esta reflexión es que, si nuestra sociedad está dispuesta a cambiar la constitución, debemos abrirnos a “un proceso” que tiene que ir más allá de cambios marginales (un artículo aquí y otro allá), o cambios acomodaticios (en respuesta a una situación político social contingente).  Hoy, debemos establecer un debate profundo, y abordar los desafíos estructurales que confronta nuestro país, incluyendo aquellos de mediano y largo plazo, tanto a nivel internacional, nacional, regional y local.

En este contexto, por ejemplo, deberíamos debatir seriamente la definición (ej., tipo, estructura) misma de una nueva constitución.  Es decir, abordar la naturaleza, el contenido, el alcance, el lenguaje, y la presentación que queremos de nuestra carta fundamental, (e insisto) junto con definir los mecanismos de participación-ciudadana-directa para redactarla (ej., plebiscito, asamblea constituyente).  No se puede dejar afuera de esta reflexión los mecanismos de participación ciudadana.  Además, sabemos que hay muchos tipos de constitución; hay unas que se consideran como “la máxima ley”, “la ley suprema”, y otras que tienen un carácter más declarativo.  También sabemos que muchas constituciones han nacido como una respuesta histórica a conflictos bélicos, tales como la independencia de un país, y ellas reflejan dicha realidad.

En general, nuestra constitución es un documento esencialmente legal, y no una carta fundamental que presente una visión de país.  Es en su naturaleza legal donde (i) se establece el carácter jurídico de muchos temas, (ii) se define, distribuye (reparte), y regula el poder público y privado (más en lo que tiene carácter público), (iii) se determina la separación entre los poderes del Estado, (iv) se argumentan los fundamentos de la legitimidad y supremacía de actores sociales relevantes, (v) se establecen derechos y responsabilidades en relación a algunos aspectos de nuestra sociedad (incluyendo nuestros recursos naturales), (vi) se definen algunos sistemas de accountability (control responsable) frente a varias situaciones, (vii) se presentan distintas formas de gobernabilidad a nivel nacional, regional y local; y (viii) mucho más.

Algunos podrían argumentar, sin embargo, que los fundamentos que hay “detrás” de esta constitución constituye una visión de país: capitalista, neoliberal, de mercado y libre competencia, favoreciendo a la propiedad y derechos privados…   Si es así, con mayor razón hay que pensar en un cambio total de la constitución.  Es en este sentido que es importante decir que nuestra constitución no es ideológicamente neutra.  Ella adopta explícita o implícitamente una manera legal e institucional para definir varias relaciones dentro de nuestra sociedad (ej., una noción específica de democracia); define los parámetros para una forma de economía (mercado, competitiva); y utiliza un grupo de valores, tanto individuales como colectivos, que forman el andamio de muchas decisiones.

En relación a sus valores, es importante notar que en su Artículo 1, por ejemplo, nuestra constitución mandata al Estado de asegurar el bienestar tanto material como espiritual de sus ciudadanos.  A pesar de que no se define explícitamente lo que significa realmente el bienestar espiritual, si da a entender que el bienestar (y los valores que le acompañan) va mucho más allá del dinero, de la posesión de bienes materiales propiamente tales, o de puntos del PIB.  Ese artículo conecta con una forma de bienestar que se origina en lo no material y que no se vuelve a retomar en la constitución.  Algo que la nueva constitución debería abrazar e integrar fuertemente.

La constitución que tenemos debe ser reemplazada, por varias razones, entre ellas porque tiene su origen dentro del marco de una dictadura, que no fue ni democrática ni participativa; porque impone un sistema económico y social neoliberal que concentra la riqueza y amenaza nuestra ecología; y porque no presenta detallada y explícitamente una visión del tipo de sociedad que queremos y el porqué.  Esta constitución está muy lejos de lo que la ciudadanía quiere como sociedad, tanto para la generación presente como para todas las generaciones futuras. En su contenido se puede ver las inter-relaciones que existen entre la Constitución, la distribución del poder a nivel institucional (poderes del Estado, vetos) y el sistema económico neoliberal.  Unos refuerzan a los otros.  Todo ello bajo el barniz de la libertad, la democracia, el crecimiento económico, el bienestar material y muchos otros conceptos.

En el siglo XXI necesitamos otro camino y, para ello, la Constitución debe ser cambiada en prácticamente su totalidad.  Y si esto no es políticamente posible (no hay voluntad política), o se decide lidiar con cambios marginales solamente, la nueva constitución debe incluir al menos un largo preámbulo que establezca y declare transparentemente quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos como sociedad, qué estamos dispuestos a proteger y conservar, como llegaremos a nuestras metas, qué es inaceptable en nuestra sociedad, donde queremos ir en el largo plazo, etc.  Es en este preámbulo donde se debe anunciar y explicar la columna vertebral de nuestra sociedad: la sostenibilidad con una ciudadanía empoderada.  Esta debe constituir la naturaleza de nuestra próxima carta fundamental.

Dada (i) la crisis política que vive nuestro país, (ii) los problemas estructurales que estamos confrontando a todo nivel, (iii) los debates que tenemos sobre varios conceptos que dominan y determinan el ámbito constitucional (ej., bienestar, competitividad, participación ciudadana, gobierno propio de nuestros pueblos originarios, la necesidad de una descentralización profunda…), y (iv) el debilitamiento de la confianza en las instituciones de Estado y los partidos políticos, (v) los cambios en el planeta y  en la humanidad como resultado del cambio climático (recursos naturales, migraciones, etc.) y la sobrepoblación, una nueva constitución debe expresar detallada y consensualmente nuestros ideales, valores, objetivos y anhelos como sociedad.   No necesitamos una constitución del tipo “ley suprema”; los aspectos legales y jurídicos derivados de una nueva constitución podrían estar en un documento adicional, separado.  Por ejemplo, en esta nueva constitución declarativa se debe abordar temas tales como el significado de ser chilena-chileno; la importancia de nuestros niños  y jóvenes;  lo significativo de nuestros entornos humanos y naturales; el papel de la familia, los barrios, la herencia cultural, el arte, la música y la literatura; la espiritualidad y el desarrollo integral de los seres humanos; la soberanía de nuestros pueblos originarios; los valores colectivos que nos identifican y que vamos a cultivar (justicia, equidad, interdependencia, paz, amor, compasión); la sociedad y economía que queremos a nivel nacional, regional y local; la, o las nociones, de bienestar que serán puestas en escena dentro de las políticas y programas que nacen de las propuestas constitucionales; la importancia de una democracia no solamente representativa sino participativa y eminentemente ciudadana; la importancia de la naturaleza y de todos los seres vivientes, del paisaje, de la flora y la fauna, de nuestras tierras, ríos y mares; las responsabilidades que tenemos con las generaciones futuras; las distintas formas de derecho que necesita este nuevo objetivo y visión como país (derechos ciudadanos, colectivos, cooperativos), etc.

Todo lo anterior va a nacer, desarrollarse y tomar un cuerpo definitivo solamente a través del empoderamiento y participación ciudadana directa en la redacción de la nueva constitución. Es por eso, que lo señalado en el párrafo anterior se debe considerar como meros ejemplos de los grandes temas.

Cambios Constitucionales

La lista de cambios constitucionales sugerida aquí no es exhaustiva ni pretende serlo.  En su mayor parte, las ideas o cambios están ligados particularmente a los aspectos más fundamentales de la sostenibilidad y del empoderamiento ciudadano.  La lista debe ser completada y complementada con aspectos tales como nuevas formas de institucionalidad y gobernabilidad, derechos y responsabilidades.

La enumeración de estos temas no pretende darles una jerarquía en particular.  Todos los temas, en sí mismos, tienen los méritos de pertenecer a la nueva constitución que se propone aquí.  Las especificaciones institucionales, legales y de políticas económicas y sociales no se presentan aquí en su totalidad, ya que esto será materia de una segunda etapa constitucional, más dirigida a implementar estos temas estratégicos.   Por ejemplo, en el caso de cambiar la propiedad privada del agua a una propiedad ciudadana, esto se deberá hacer como resultado de una gran consulta nacional, paneles de expertos, debates legislativos, etc.  Estos son aspectos típicos que definen formas de gobernabilidad y posibles alternativas estratégicas de implementación.  En cierto sentido, esto es lo que deben hacer los gobiernos bajo la tutela de la constitución.  En parte, el debate que se está dando sobre la modificación del Código de Agua, es una ilustración de lo que se está postulando aquí.

A continuación, algunos temas importantes que deben construir los andamios de la nueva constitución.

  1. La propiedad de nuestros recursos naturales y servicios del medioambiente. Todos nuestros recursos naturales y servicios fundamentales del medioambiente deberían ser de propiedad de la ciudadanía, con el Estado como garante de estos derechos.  El agua debe ser de todos nosotros, a diferencia de un derecho privado o estatal.  Esto debe aplicarse también a tener aire puro y ser responsable para que así sea.
  2. Los derechos de las generaciones futuras.  Una constitución ínter-generacional. Las generaciones futuras también tienen derechos.  Parte de la jurisprudencia de dicha propuesta está presentada en el documento “Nuestro Futuro Común” de Gro Brundtland[1].  La responsabilidad de asegurar un futuro, al menos igual que el que tiene la generación presente, recae en las manos del Estado y todos aquellos que generan riqueza material en nuestra sociedad.  La nueva constitución debe tener un carácter eminentemente ínter-generacional.  Ello nos obligará a mirar más al mediano y largo plazo, y crear mecanismos eficaces a ser aplicados hoy, además de establecer políticas estratégicas a nivel nacional y sectorial que van más allá del corto plazo (ej., política energética).
  3. Los derechos y soberanía de nuestros pueblos originarios. Es inaceptable que una nueva constitución ignore a nuestros pueblos originarios.  Es de fundamental importancia que ellos estén al centro de esta constitución.  En específico, se debería declarar explícitamente la soberanía de estos pueblos, y cómo las distintas formas de soberanía están tejidas adecuadamente con todos los aspectos de Chile como nación.  Este es un tema delicado, pero lleno de posibilidades que pueden crear una nación más armónica e inclusiva; algo extremadamente positivo.  Esto conlleva explicitar las relaciones y derechos sobre la tierra y otros recursos naturales, como se ha hecho en muchas partes del mundo, y ha sido reconocido por el sistema internacional (ONU).
  4. Los derechos de la naturaleza y responsabilidad de su implementación. La nueva constitución debe entender a la naturaleza como un ser vivo y no como una “cosa”.  Es por eso que la nueva constitución debe establecer los derechos de todos los seres vivos que habitan en nuestro territorio.  La nueva constitución no puede terminar siendo homocéntrica.  Una visión que solamente incluye a los seres humanos representa un paso atrás a toda la evidencia científica que nos muestra que somos totalmente interdependientes de la naturaleza, los procesos naturales, las leyes naturales, etc.  Por lo tanto, la naturaleza tiene derechos, y el respeto a esos derechos permitirá que los ciudadanos puedan crecer y desarrollarse en medioambientes sanos y apropiados; con los impactos que éstos tienen en la salud corporal y mental.  El Estado debe garantizar esos derechos.  Y hay constituciones o leyes en que dichos derechos son presentados adecuadamente (ej., Ecuador y Bolivia).
  5. La conservación y el manejo sostenible de nuestros recursos naturales y el medioambiente como valores fundamentales. Una constitución declarativa debe tener muy presente cuáles son las tendencias que va a favorecer para alcanzar la sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada.  Ejemplos de estas tendencias son pasar: de enfatizar solamente la cantidad y moverse hacia la calidad de nuestro desarrollo; del extractivismo al manejo y conservación de nuestros recursos, de la competitividad sucia a una competitividad limpia (eco-competitividad), de la pura competencia a la cooperación, del cortoplacismo a una consideración estructural del mediano y largo plazo, del manejo a través del mercado o del Estado a un manejo integral de parte de la ciudadanía, de un mundo corporativo solamente envuelto en el mundo de las ganancias materiales a una contribución al bienestar colectivo,  de una economía totalmente abierta a una economía que posee mecanismos de protección en relación a los objetivos a alcanzar, del mundo cerrado al mundo de la tecnología y las comunicaciones, etc.  Será la naturaleza y el contenido consensuado que le dará cuerpo y racionalidad a estos temas.  Lo importante es que valores como la vida, la conservación, cooperación, interdependencia, espiritualidad, auto realización, justicia, equidad, y muchos otros, deben ser esenciales en la redacción de la nueva constitución.
  6. La importancia de un empoderamiento ciudadano y una democracia participativa. Participación ciudadana directa.  El futuro de una democracia está en la participación directa y permanente de la ciudadanía.  La democracia que es solamente representativa quedará limitada por la naturaleza y calidad de los poderes públicos, la percepción y eficacia que se tiene de los partidos políticos…  En Chile no hay muchas instancias de participación ciudadana directa excepto para votar, y en otros casos son muy insuficientes.  Es por eso que la sostenibilidad y el empoderamiento van de la mano.  Por lo tanto, la nueva constitución debe establecer y explicar cuáles serán los mecanismos humanos, institucionales, culturales, étnicos, espirituales, éticos, de empoderamiento.  Debemos tener claro si habrá o no una asamblea constituyente, y bajo qué tipo de circunstancias.  O qué mecanismos institucionales servirán para consultas ciudadanas.  Este es un tema que puede requerir una serie de plebiscitos para establecer su alcance y legitimidad.  Todo lo anterior, además del empoderamiento que debe dar la educación, la salud, la alimentación, la cultura, la cohesión social, la identidad a todo nivel…
  7. Eco-competitividad. Responsabilidad sobre todos los impactos negativos en el ciclo de vida de los productos. La nueva constitución debe establecer el concepto de eco-competitividad; una competitividad que además de relacionarse con los precios internacionales, debe internalizar todos los costos que tienen las externalidades dentro del ciclo de vida del proyecto.  De lo contrario, la incidencia de la competitividad sucia, a través del tiempo y el territorio, será extremadamente negativa. En Chile ha habido un reconocimiento de la importancia que tiene la responsabilidad del productor sobre el ciclo de vida de un producto.  La llamada Ley REP.  Sin embargo, esta ley solamente se enfoca en una variedad muy pequeña de productos como, por ejemplo, las baterías, el aceite de autos, y otros.  Este reconocimiento implica que los muros de responsabilidad del productor van mucho más lejos que las pandereteas de la empresa.  Esto es muy relevante, especialmente para evitar efectos externos negativos en otros espacios o actores de la economía.  Esto fuerza al productor a encontrar la tecnología y los procesos más idóneos para respetar el medioambiente y alcanzar la sostenibilidad de nuestro desarrollo.  Es por eso, que la nueva constitución debe considerar a los principios declarados dentro de la Ley REP como esenciales para todos los productos de la economía.  Así, por ejemplo, la minería deberá hacerse cargo de los relaves, y no dejar que estos causen estragos hoy o en el futuro (ej. contaminación de aguas subterráneas).  Todo lo anterior demanda una nueva forma de definir y medir nuestra competitividad.
  8. El compromiso por una alimentación sana y nuevas formas de agricultura.  Agricultura orgánica, no a los transgénicos.  Hoy existen algunos países desarrollados que se están moviendo definitivamente hacia una agricultura que contribuya a una alimentación sana.  En Europa del Norte hay países en que la agricultura orgánica de todos sus productos es hoy una meta nacional.  Esos mismos países pondrán restricciones al comercio internacional (la importación de productos no orgánicos), para cumplir con sus objetivos internos.  Hoy, muchas de las restricciones al comercio, como una vía al proteccionismo, nacen como resultado de una preocupación especial por lo ambiental y lo social.  Así como no se importan pelotas de fútbol hechas por menores de edad, así también se empezarán a restringir las importaciones de productos transgénicos, y otros productos que no tengan una certificación ambiental de origen.  Estas serán las nuevas formas de tarifas o impuestos implícitos al comercio.  Un comercio que ya no será “libre”.  Nuestra constitución tiene que ser enfática en el tema de la alimentación sana y como espera lograrlo.  Este no es un tema sectorial.  Es un tema que cala en lo más profundo la identidad real de nuestro país.  La constitución de Chile debería ser un ejemplo para el mundo entero en materia de alimentación sana.
  9. La contribución del sector privado al bienestar colectivo.  Cambios en el carácter bien privado y bien público.  A medida que hay más habitantes, que la densidad poblacional es cada vez más alta, que las tasas de urbanización siguen aumentando, todas las actividades humanas empiezan a tener dimensiones de carácter “público” (colectivas) más pronunciadas.  El carácter de bien público, de lo que hacemos diariamente y de las políticas económicas y sociales, se hace cada vez más evidente.  Lo privado comienza a debilitarse en pos de lo público.  La discusión sobre el régimen de propiedad del agua demuestra ser un excelente ejemplo de su carácter de bien público en el siglo XXI.  Esto parece estar sucediendo en muchos frentes: recursos naturales, mares, ríos, montañas, aire, agua, bosques, salud, educación, vivienda, ruidos, paisaje, cultura, arte, historia, letras, emprendimiento, etc.  En este contexto, nace la necesidad de revitalizar al sector corporativo privado en pos de una contribución significativa al bienestar colectivo.  Lucro o ganancias monetarias no podrán ser el único alimento de las empresas.  El sector privado juega y jugará un papel preponderante en el alcance de la sostenibilidad.  Esto es particularmente significativo en nuestro país donde la competitividad relativa del sector depende de los recursos naturales.  La nueva constitución no puede ver al sector privado como una entidad aparte de la sostenibilidad del desarrollo.
  10. Los principios de ordenamiento territorial. El territorio es diverso y representa la riqueza y patrimonio fundamental de una nación.  Es por eso, que la ocupación de este territorio no puede ser al azar o dejar que el mercado lo asigne a su manera, en respuesta a incentivos que no respetan la sustentabilidad de nuestro desarrollo.   La constitución debe enumerar los criterios más importantes que determinarán como nuestro territorio será ocupado en el futuro, incluyendo zonas de borde costero, bosques nativos, bordes de ríos, zonas de glaciares, espacios ecológicamente frágiles, etc.  Es aquí donde se tratan tanto temas sectoriales, tales como agricultura y alimentación, localización industrial, como temas más regionales (ej., zonas de sacrificio) y nacionales (competitividad, royalties, inversión extranjera).  Se rechazará la noción de “zona de sacrificio”, ya que no se puede alcanzar la sostenibilidad en una parte del territorio a expensas de otras.  Este tema del ordenamiento territorial es de gran importancia para la ciudadanía, cuya participación a nivel local y regional será determinante para un desarrollo sostenible.
  11. La ecología humana integral y de todas las formas de vida en nuestro país.  No hay duda que el mejoramiento de la calidad de vida, y que las formas alternativas de vida de nuestro desarrollo, es de vital importancia.  Es en este sentido que el ser humano es uno de los actores principales en la transformación productiva, en el realineamiento del consumo, y en la recepción de los grandes beneficios ecológicos.  Por lo tanto, la ecología y el ser humano deben estar integrados; una unidad indivisible.  Sin embargo, esta integración es interdependiente, y debe respetar a todas las formas de vida que habitan en la naturaleza.  Un deterioro en la ecología y medioambiente natural se traducirá inmediatamente en una limitante al desarrollo material y espiritual de la ciudadanía.  Es por eso que la constitución debe adoptar el lema de “la ecología integral de todas las formas de vida” y no solamente de la vida humana.  Esto demandará criterios de evaluación de nuestras políticas y programas respecto a su impacto todas las formas de vida y no solamente en el ser humano.  El exceso de homocentrismo ha llevado a implementar programas que han ido en desmedro de otros seres vivientes, tales como el cóndor, el huemul, y tantas otras especies que están en camino a la extinción.
  12. La descentralización del país como pieza clave para la economía sostenible ciudadana.  Chile es un país tremendamente centralizado, a pesar que todos sabemos que Chile no es Santiago, y que su loca geografía muestra una gran variedad de situaciones y ecologías.  No es un país uniforme y por lo tanto debemos reconocer esta diversidad que se da en tantos aspectos y niveles.  Esto demanda que tengamos mucha más apreciación de lo que pasa en las regiones y que, a través de instituciones locales se alcancen los objetivos propios de esos territorios.  Es por eso que la nueva constitución debe declarar el principio de la descentralización del país, en todas sus dimensiones.  Nuestra riqueza, en todas sus posibles expresiones, incluyendo la estrictamente económica, depende de este proceso de descentralización.  Por el momento, la centralización está expuesta a ‘costos crecientes’, lo que es muy negativo para el futuro del país en el mediano y largo plazo.  Chile debe transformarse en un país sostenible, descentralizado, y ciudadano (SDC); nuestro triángulo del desarrollo nacional.
  13. Una nueva política fiscal y tributaria: impuestos a los males y no a los bienes. El papel del Estado se hace cada vez más importante en el alcance de la sociedad sostenible.  El sistema neoliberal de mercado no posee los mecanismos para corregir automáticamente la destrucción ambiental y ecológica.  Por lo tanto, hay que intervenir los mercados y esto lo debe hacer la ciudadanía o el Estado. Uno de los instrumentos que pueden corregir las externalidades negativas de los mercados es la política fiscal, tanto en la forma que genera los ingresos fiscales como sus mecanismos para la asignación de los mismos.  Los impuestos son un instrumento clásico de generación de ingresos fiscales.  Aquí hay que reconocer a los impuestos verdes y otros impuestos que pueden reasignar los recursos escasos de forma de disminuir el deterioro ecológico y medioambiental, en el tiempo y espacio (territorio).  Es importante que la constitución deje en claro los criterios de sostenibilidad de todas las políticas fiscales, de tal manera que no existan contradicciones en torno a ganar más puntos de PIB a expensas de un deterioro sustantivo en la sostenibilidad.
  14. Los nuevos conceptos de bienestar.  Valores colectivos y espirituales. Todos los puntos anteriores demandan nuevas definiciones de lo que constituye bienestar en nuestra sociedad.  Es importante explicitar estas nuevas nociones de bienestar para evaluar hasta donde nuestras intervenciones contribuyen a dicho bienestar.  Estudios recientes (PNUD) muestran la importancia que la ciudadanía asigna a la seguridad, integración, inclusión, protección, y tantos otros valores de carácter colectivo.  Estos nuevos conceptos de bienestar son generalmente de carácter no material de nuestro desarrollo económico y social (ej., OECD), como es el caso de la felicidad, o como es el bienestar espiritual definido en la constitución existente.  Debemos lograr un consenso sobre lo que entendemos y que queremos como noción de bienestar que queremos, y ésta debe aparecer en la constitución explícitamente.
  15. Justicia redistributiva y justicia ecológica: fundamentos de la equidad. Variaciones en la calidad del medioambiente y la ecología implican cambios de bienestar y diferencias en las posibilidades de desarrollo y transformación humana y material.  Generalmente la gente pobre vive en medioambientes y ecologías pobres y no sostenibles, donde el agua y el aire están contaminados, donde la tierra tiene muy baja productividad, donde las viviendas y barrios están desprovistos de servicios, etc.  Pero el deterioro de la ecología y el medioambiente generalmente no tienen un origen en la gente pobre.  Dicho deterioro es el resultado de los procesos de creación de riqueza y los patrones de concentración e inequidad que la acompañan.  La creación de riqueza como el origen, y la pobreza como la incidencia.  Esta diferencia entre los actores envueltos en el origen y los que sufren la incidencia, ha creado grandes injusticias redistributivas; que forman la base de “la justicia ecológica”.  La constitución debe reconocer la importancia de la justicia ecológica.
  16. Una economía sin vacío ético: haciauna nueva eco-moralidad y economía.  La constitución debe ser clara en establecer que la economía, y el sistema económico a ser aplicado en nuestro país, no puede ser implementado en un vacío ético o moral.  Es por eso que es importante establecer principios de eco moralidad donde se establezca el tipo de actividad que no será aceptada en nuestra economía, aun si ésta genera lucros materiales.  Esta eco moralidad debe ser establecida junto a un principio precautorio, y evitar impactos negativos que afecten significativamente a la ciudadanía. Nuestra constitución debería ser un ejemplo mundial en relación a abrazar una forma de economía que sea profundamente humana, que respete a todas las formas de vida, y que reconozca los espacios éticos y morales donde puede operar.

Algunas Reflexiones Finales

Cambiemos la constitución. Nuestra constitución será cambiada en un momento histórico en que estamos gobernados por la interdependencia humano natural.  En que todas las formas de vida forman un todo singular.  Un mundo de diversidad cultural y natural, con un destino común.  Una constitución debe darnos los fundamentos para escoger nuestro futuro compartido.

Al escribir una nueva constitución se necesita un andamio, un hilo conductor, un aglutinador, una unidad de cuenta, un eje de coherencia… Este debe ser la sustentabilidad de nuestra nación con una ciudadanía empoderada.  La sustentabilidad que es mucho más que un sistema económico; como un espacio eminentemente humano social, como un sistema de vida individual y colectiva, como una colección de valores humano espirituales, como un derecho a un estándar y calidad de vida, como un estado de consciencia.  Y, donde todas las formas de vida sean beneficiadas por la nueva constitución.  Una constitución en que las generaciones futuras y la naturaleza se sientan verdaderamente representadas.  Una constitución donde la conservación de nuestros recursos humanos y naturales no sea un artículo más sino su columna vertebral.  Una constitución basada en los principios de paz y armonía.  Y, todo lo que esto conlleva en tanto poder, gobernabilidad, institucionalidad, derechos ciudadanos, propiedad, bienestar, progreso, etc.  Es por eso que deseo cambiar la constitución.

La espiritualidad es esencial en esta constitución.  Así como todos nosotros tenemos un Ser, la nación también tiene un Ser.  La nueva constitución no puede concebirse fuera del Ser.  Mientras más afuera del Ser esté una constitución menos perdurará en el tiempo.  La constitución de la dictadura no tiene un Ser.  Está vacía.  El acceso y distribución del “poder”, a personas, instituciones, organizaciones sociales, el Estado, el mercado, el mundo corporativo…son la marca de muchas constituciones.  ¿Qué entendemos, o cómo queremos definir, el poder en una nueva constitución?  ¿Es el poder sólo material, del dinero…o también debemos ocuparnos del poder espiritual? ¿Aquel poder que nos beneficia a todos, traduciéndose en justicia, equidad e integración social?

La nueva constitución deberá adoptar el principio de la integridad ecológica en lo económico, social, institucional, y político.  Esto se aplicará especialmente en la protección de la biodiversidad, especies nativas, semillas nativas, reservas ecológicas, recuperación de flora y fauna…  La idea central es eliminar la posibilidad de violar los rendimientos máximos sostenibles, de sobrepasar las zonas críticas, o minimizar el agotamiento de los recursos no renovables.  Para ello la nueva constitución deberá hacer explícita la obligación de asegurar los atributos y servicios ecológicos y medioambientales de las generaciones futuras, donde las generaciones futuras también tienen derechos.  Es en este sentido que la constitución debe reconocer explícitamente que todos los seres vivos son interdependientes.   Es por eso que debemos introducir el concepto de comunidad de vida.  Para ello la constitución validará los derechos a acceder, poseer, usar, y administrar los recursos naturales, pero entendiendo que estos derechos conllevan el deber de evitar el deterioro ambiental y ecológico.

Abracemos derechos que nos permitan vivir en paz y armonía entre nosotros, y entre nosotros y todas las formas de vida.  Llamemos esto nuestro principio de responsabilidad como nación.   Es por eso que la nueva constitución debe adoptar un concepto de democracia que incluya, entre otras cosas, la democracia sostenible.  Allí no hay justicia sin que haya justicia ecológica. Allí, el universo de lo evolutivo contiene el ser humano y la naturaleza.  Es por eso que nuestro medio ambiente debe ser una preocupación fundamental de la nueva constitución.

Él empoderamiento ciudadano es un objetivo central de la nueva constitución.  Los desafíos del desarrollo son de carácter múltiple.  La economía, lo social, lo político, lo cultural, lo ecológico, lo espiritual…todos van juntos.

Pero, cambios en nuestro sistema de vida, hacia una sociedad sustentable deben ir acompañados de un gran cambio de consciencia, de valores, y de instituciones.  Lo primordial no es tener más sino ser más como nación.  Somos pueblos de nuestro Chile, de nuestra tierra. La constitución debe declarar las obligaciones de unos con otros y con la tierra.  Una gran comunidad de las formas de vida.  La constitución es el vértice de unión entre el derecho y respeto por la naturaleza y formas de vida, los derechos humanos individuales y colectivos de carácter universal, la equidad y justicia económica, y el alcance de la felicidad y el bienestar ciudadano.

La constitución debe tener un preámbulo que no sea solamente una gramática jurídica.  Tiene que contener una visión de lo que somos (identidad, sentido de pertenencia…), y de los valores necesarios para alcanzar lo que queremos ser (solidaridad, cooperación, igualdad, equidad, interdependencia, compasión, amor, justicia, derechos…). Chile será un país desarrollado cuando los procesos de creación de riqueza no creen pobreza y desigualdad.  La nueva constitución debe ser instrumental para hacer esto una realidad.

Hay que declarar que el país ha adoptado un modelo de desarrollo sustentable en todas sus dimensiones.  Las políticas de toda naturaleza, macro económicas, monetarias, fiscales, de comercio, etc., deben ser evaluadas en relación a la sustentabilidad.


[1] Cuadragésimo segundo período de sesiones, 4 agosto 1987 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo http://www.un.org/es/comun/docs/?